Para el Coneval es vital crear un certificado único de discapacidad para las pensiones de Bienestar
En un extenso análisis a tres años de su lanzamiento el Consejo mide que este programa llega sólo a 16% de la población potencial que busca asistir.
26 de septiembre de 2022
Bárbara Anderson
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó días atrás el más extenso y profundo análisis que hayan desarrollado hasta ahora del Programa Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente.
Hay puntos a favor que destaca el reporte, como “un primer paso para el ejercicio efectivo del derecho a la seguridad social y amplía el derecho a la salud porque el apoyo en especie permite a sus derechohabientes acceder a servicios de atención médica acordes con su tipo de discapacidad”.
Pero hay muchos más pendientes en su operación, en la entrega de los recursos, en el modelo de incorporación de nuevos derechohabientes (ya no beneficiarios), el nulo uso de la información de su padrón que aún no llega al millón de personas y la falta de comunicación sencilla (sobre todo en comunidades rurales) sobre este beneficio ya constitucional que, -también puntualiza-, no cubre de manera universal a quienes cumplen con los requisitos que delimita esta pensión.
¿Por qué no se les puede decir beneficiarios? Porque el sustento del Programa -basado en dos artículos constitucionales- ahora convierte a las personas que pasan a formar parte del padrón se convierten en derechohabientes, a partir de la generación y entrega de los bienes y servicios de la que ahora forman parte. “Esto es de vital importancia para el contexto en el que se lleva a cabo el Programa, tanto a nivel de gestión como de satisfacción”, agrega el reporte.
Y hay un punto que es nodal en el informe y que puede explicar de alguna manera el porqué de un padrón que aún no llega al millón de personas en tres años, ni aun con la incorporación desde enero de este año de más recursos para ampliar la cobertura en una alianza 50/50 propuesta con el gobierno federal. Se trata del documento más importante para sumarse al padrón: el certificado de discapacidad.
Puede sonar un poco obvio pero este programa nacional, uno de los prioritarios del gobierno federal y, de los pocos que han visto crecer su presupuesto en los últimos años, no tiene homologado ese documento médico que determine de manera clara y con un mismo formato único y estándar, qué diagnóstico y discapacidad presenta cada candidato para no dejar dudas ante un panel de siervos de la nación que en muchos casos no tienen claro cuáles son las discapacidades permanentes cubiertas (o que quiere cubrir) Bienestar.
“Recomendamos que exista un modelo único y uniforme de certificado de discapacidad permanente, ya que sin un formato homogéneo a los operadores del Programa se les dificulta la certificación real de la discapacidad de un persona”, dijo en entrevista a Paul Lara, José Nabor Cruz Marcelo, secretario Ejecutivo del Coneval.
Según este reporte, el organismo detectó criterios heterogéneos a la hora de la emisión, también diverso en el tipo de institución que lo genera. “Se observó que el personal operativo (coordinadores, promotores) tiene problemas para la identificación de discapacidad permanente mediante este documento -en muchos casos apócrifos- o que no son fáciles de entender por el tecnicismo médico empleado. Hay una dificultad para identificar el tipo de discapacidad (si ésta es permanente o no) e incluso qué tipo de discapacidad presenta la persona.
Además, no tener un formato único no permite aprovechar esa enorme cantera de información que debería ser el Padrón, ya que no es posible hacer cruces de datos para conocer patrones, incidencias y características de esta población.
Coneval pone luz en una sutileza no menor de este programa: la diferencia entre ‘población potencial’ y ‘población objetivo’. La primera representa a todos los mexicanos con discapacidad permanente mientras que la segunda refiere al target delimitado por la Secretaria de Bienestar (SEBIEN): niñas, niños, adolescentes y jóvenes de cero a 29 años de edad cumplidos y personas de 30 y hasta un día antes de cumplir los 65 años de edad que habiten en municipios o localidades indígenas o afromexicanas o en municipios o localidades con alto y muy alto grado de marginación.
En ambos casos el gobierno queda a deber, porque si nos enfocamos en la ‘población objetivo’, los que tienen todo para recibir esta pensión, la cobertura alcanza a 65.4 por ciento. Pero si lo vemos de manera amplia, a todos los mexicanos que viven con alguna discapacidad permanente, el beneficio solo llega a 16 por ciento de ellos:
En lo referente a su cobertura geográfica, el Programa tiene presencia efectiva en las 32 entidades federativas del país y llega a derechohabientes en 2 mil 438 municipios.
Los otros pendientes de Bienestar
Faltan procesos claros: El programa tiene una limitada articulación entre las Reglas de Operación y no se cuenta con un Manual de Procesos ni con una Guía de Procedimientos. Con ello, se afecta la identificación y entendimiento de los tramos de responsabilidad de las diferentes unidades administrativas, y los procesos para preparar los instrumentos de pago, así como la articulación con estados y la distribución de los apoyos. Una de las consecuencias también es que no existe un mecanismo para notificar a las personas rechazadas ni tampoco los operadores locales tienen claridad sobre las razones por las que una persona que aparentemente cumple con los criterios de elegibilidad no fue seleccionada. Aunque las reglas de operación establecen que se debe informar en máximo 2 meses, la espera dura hasta medio año. Incluso, algunas personas desarrollan más discapacidad en ese lapso.
Crecimiento del padrón sin coordinación: Al ser un derecho para las personas con discapacidad (pcd) recibir esta pensión, el programa ha buscado potencializar el beneficio y como estrategia promovió coordinarse con los gobiernos estatales para implementar un esquema de financiamiento compartido, Según la SEBIEN al 25 de febrero del 2022 se habían firmado 29 convenios con los estados, pero no se establece la operatividad del esquema de universalidad en ninguna entidad.
Vales de rehabilitación sin uso: A pesar del contrato de 800 mdp firmado hace un año con la Fundación Teletón, no existe un listado de los centros de rehabilitación habilitados por Bienestar para dar terapias como parte de los beneficios en especie de este Programa, como son los vales de rehabilitación (solo para pcd de 0 a 17 años). Si bien algunos estados han empezado con este apoyo en especie aún son un esfuerzo muy débil. Tampoco hay datos de otros centros públicos donde redimir estos vales.
Una bancarización postergada: Los recursos económicos son transferidos vía depósito en cuentas particulares en bancos (Banorte, Banco Azteca o Banco de Bienestar), pago en ventanilla (Telecomm) o pago en mesa de atención (Telecomm y Banco de Bienestar). El Programa prevía que todos sus derechohabientes fueran bancarizados en el corto plazo, pero el avance depende de la instalación de sucursales del Banco del Bienestar, una expansión que no ha cumplido con los plazos prometidos.
Además en muchos de los operativos de pago se reúnen en el mismo espacio y fecha los pagos a personas adultas mayores y a pcd, siendo los primeros la prioridad a pesar de que en muchos casos quienes viven con una discapacidad requieren de una compleja logística para llegar a las oficinas de cobro, incurriendo en gastos de traslado.
Mayor y más simple promoción: Si bien la difusión ha sido adaptada por regiones (desde radios locales a perifoneo), pero el contenido de los mensajes no es claro con respecto a que va dirigida solo a personas con discapacidad permanente ni los documentos básicos que se requieren para anotarse al padrón, tampoco el monto de la pensión, ni el periodo de entrega. También se obvia en los escasos planes de difusión de que se trata de un derecho constitucional.
Evaluación inexistente: El Programa carece de un mecanismo para medir la satisfacción de los derechohabientes; en particular, el uso de encuestas o entrevistas de salida en los diferentes Operativos Bienestar que podrían aplicarse a la población que recibe las pensiones. En términos de la atención a quejas, se observa que éstas buscan resolverse en expedito durante los operativos, pero no hay un registro sistemático de las mismas que permita un análisis y solución posterior.
Esta es la evaluación final que procesó Coneval de este Programa en todo el país y que cuenta para este año con un aumento en su presupuesto pasando de 15 mil 500 mdp en 2021 a 20 mil 037.52 mdp para el presente ejercicio. Este monto se calculó teniendo en cuenta la incorporación de más personas al padrón, un ejercicio que no ha dado buenos resultados ni a nivel federal ni estatal, como incluso investigamos en nuestro medio meses atrás, donde solo 1 de cada 7 pensiones disponibles fueron adjudicadas.
Por Bárbara Anderson