Casa Esperanza, los horrores de una institución tolerada por el Estado

Cuando una persona ingresaba como residente a Casa Esperanza, lo único seguro era que por el resto de sus días viviría golpes, amenazas, castigos corporales y violaciones sexuales y esterilizaciones forzadas en caso de ser mujer. 

De “Casa Esperanza para Débiles Mentales”, el nombre completo de la institución para personas con discapacidad, sólo se podía salir muerto.

Al menos desde 2013, autoridades del Gobierno de la Ciudad de México tuvieron conocimiento de las irregularidades y maltratos que vivían los residentes de Casa Esperanza, por lo que entró a una “lista negra” junto a otras 24 instituciones que significaban un “grave riesgo” para las personas que ahí vivían, según reveló la organización Disability Rights International (DRI). 

A pesar de conocer las violaciones a los derechos humanos, no hubo una sola autoridad en la capital mexicana -ni el Sistema Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o la Fiscalía General de la CDMX- que emprendiera alguna acción para que las personas internadas en Casa Esperanza dejaran de vivir en esas condiciones.

Nueve años de documentar las violaciones a Derechos Humanos

El caso por el que hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investiga la responsabilidad del Estado mexicano inició hasta junio de 2014, cuando DRI visitó las instalaciones de Casa Esperanza y documentó las violaciones de las que eran objeto las personas ahí internadas. 

“Uno de los niños estaba encerrado en una jaula en el patio. Otros permanecían amarrados… todas las mujeres y niñas tenían que ser esterilizadas como política de la institución”, se lee en el informe “Sin Justicia. Tortura, tráfico y segregación en México”, elaborado por DRI y disponible en internet.Al conocer los abusos, la organización presentó la información al DIF capitalino como una forma de buscar la protección inmediata de las personas que vivían en Casa Esperanza.

“Cuando DRI regresó en 2015, casi un año más tarde, con la asistencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, encontró que el DIF-DF no había tomado ninguna medida y los abusos persistían”, indica el informe. 

De las 37 personas residentes en el sitio, la Comisión evaluó a 33 y encontró que 26 personas tenían discapacidad intelectual, cinco tenían discapacidades psicosociales (psiquiátricas) y discapacidad intelectual y dos individuos no tenían ninguna discapacidad.

“Todavía no se ha aclarado la razón con base en la cual las personas sin discapacidad fueron detenidas”, precisó el documento.

La narrativa de DRI indica que las condiciones de Casa Esperanza no son excepcionales, sino que forman parte de “un patrón de violaciones graves y generalizadas a los derechos humanos”. 

Aun cuando se trataba de una institución privada, Casa Esperanza recibía recursos públicos, pues los sistemas estatales DIF de varias entidades pagaban por cada residente que era trasladado a la institución, un acuerdo formalizado en convenios en los que la persona con discapacidad nunca manifestaba su consentimiento.

Según el director del lugar, 29 de los 37 residentes habían sido enviados a Casa Esperanza por los DIFs estatales, lo que lo convertía en un centro privado financiado con recursos públicos, de acuerdo con el informe. 

La investigación detectó que algunas de las personas internadas ni siquiera contaban con documentos de identidad básicos como el acta de nacimiento. 

Violación sexual y esterilizaciones

Las violaciones sexuales eran parte del panorama regular en Casa Esperanza, donde además se practicaba la esterilización forzada de las residentes, una medida que era conocida y consentida por autoridades de gobierno. 

El informe acusa que las mujeres entrevistadas en el sitio informaron que de forma repetida eran abusadas sexualmente por el hermano del director y violadas por un trabajador. 

“El director informó que las mujeres y niñas eran esterilizadas como política de la institución. Cuando se le preguntó por qué, el director explicó que no podía proteger a las detenidas de abusos sexuales. Él afirmó: ‘¿Qué pasa si alguien de fuera, digamos un repartidor, entra y abusa de ellas?’”, detalló el documento. 

La esterilización de mujeres y niñas con discapacidad estaba prevista en los convenios de los DIFs estatales con Casa Esperanza, donde se indicaba que serían los organismos públicos los encargados de realizar estos procedimientos antes del ingreso a la institución. 

Cuando no se realizaba la cirugía, el director del sitio buscaba la autorización de los DIFs para concluir las intervenciones quirúrgicas.

“Las autoridades que proveen servicios sociales actúan conjuntamente con instituciones privadas para esterilizar a las mujeres y niñas con discapacidad, sin su conocimiento o consentimiento. Esta investigación muestra que la esterilización se utiliza como una manera de ocultar la violencia sexual que ocurre en dichas instituciones”, concluyó el informe. 

De las 37 personas que vivían en Casa Esperanza, 15 fueron esterilizadas de manera forzada, acciones que hasta el día de hoy no han causado ninguna investigación del Estado mexicano. 

De acuerdo con el informe de 2020 de DRI titulado “Crímenes de Lesa Humanidad. Décadas de violencia y abuso en las instituciones para niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad”, la esterilización forzada de personas con discapacidad no es una práctica aislada, pues directivos de hasta seis instituciones revisadas en ese periodo dijeron que esta medida es rutinaria. 

Amarrados y esclavizados 

Además del abuso sexual, las personas eran obligadas a trabajar en las casas de los empleados de Casa Esperanza, apuntó la investigación. 

Esta acción fue considerada por DRI una forma de trata de personas, puesto que consiste en la detención de individuos con fines de explotación. 

El personal de la institución estaba autorizado a amarrar a los residentes; durante la visita de 2015, investigadores de DRI recibieron información sobre un menor de edad que permanecía amarrado permanentemente.

“A DRI también le fue referido que, en los últimos cuatro años, cuatro personas habían muerto mientras estaban amarrados”, añadió el documento. 

Salen de Casa Esperanza… a otros encierros

En junio de 2015, tras hacerse públicas las denuncias sobre las condiciones de Casa Esperanza, las autoridades de la Ciudad de México comenzaron con el traslado de la mayor parte de los residentes. 

El problema, consideró DRI, es que las personas fueron de nuevo institucionalizadas.

“Este caso demuestra la completa ausencia de alternativas humanas basadas en la comunidad que sustituyan a las instituciones abusivas de México. No se ha podido reintegrar a estas personas en la sociedad, las autoridades simplemente han trasladado a los sobrevivientes de Casa Esperanza a otras instituciones”, añadió el reporte. 

Uno de los niños, por ejemplo, fue llevado a la Casa Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurables, un sitio en el que algunos de los residentes son puestos de forma permanente en jaulas, según DRI. 

“DRI se enteró de que una mujer fue violada repetidamente dentro de la institución a la que había sido trasladada. El testimonio del abuso sexual y la violación que sufrió en la nueva institución fue aún más cruel que el testimonio de abuso que sufrió en Casa Esperanza”, continuó el documento. 

Las autoridades capitalinas optaron por nuevos internamientos pese a que DRI trató de crear un albergue de emergencia, que sin embargo fue rechazado. 

“En una ciudad con 8.5 millones de habitantes, las autoridades locales informaron que ‘no había lugares disponibles en la comunidad’. Las condiciones en las instituciones a las que fueron trasladados las y los sobrevivientes son tan malas que, en seis meses, dos de las 37 personas anteriormente detenidas en ‘Casa Esperanza’ habían muerto”, indicó el reporte de 2020.

Las decisiones del gobierno mexicano, consideró DRI, muestran que en el país no se ha construido ningún esquema que permita que las pcd puedan vivir como parte de la comunidad a través de apoyos a ellas y sus familias. 

En México, no hay forma de que las personas que han sido segregadas de la sociedad al ser institucionalizadas puedan tener opciones para tomar decisiones, hacer amigos o tener una familia, siguió DRI. 

A pesar de que la institucionalización de personas con discapacidad es una práctica común en México, ninguna de las autoridades responsables de vigilar y operar estos centros (la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social, los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFs) y el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (SIPINNA)) cuenta con un registro preciso de cuántas personas están en estos esquemas, apuntó DIR en 2020. 

El caso, un asunto internacional

Disability Rights International presentó en septiembre de 2014 el caso de Casa Esperanza ante el Comité de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

El Comité en las observaciones finales a México de octubre de 2014 pidió al gobierno la investigación de las prácticas de esterilizaciones forzadas o realizadas bajo coerción, como sucedió en Casa Esperanza. 

“El Comité urge al Estado parte a iniciar procesos de investigación administrativa y penal a las autoridades judiciales y sanitarias e instituciones que recomiendan, autorizan o aplican esterilizaciones forzadas a niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad, y a que garantice el acceso a la justicia y reparaciones para las víctimas”, indicó la versión final de las recomendaciones. 

Hasta hoy, no existe ninguna investigación al respecto. 

DRI junto al O´Neill Institute for National and Global Health Law, de la Universidad de Georgetown, llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el pasado 14 de julio celebró una audiencia pública para conocer del asunto. 

En 2020, DRI acusó que las autoridades mexicanas negaron el permiso para que la organización pudiera visitar a los sobrevivientes, además de que han tratado de bloquear el acceso a la información sobre sus casos. 

“El Estado se ha negado a decirnos dónde están y darnos acceso a ellas y ellos. DRI también entabló una batalla legal con la CDHCM para recuperar el acceso al expediente del caso, al que originalmente DRI tenía acceso como peticionaria del mismo”, dijo el informe de 2020. 

Ahora, el caso se dirime en instancias internacionales, mientras el Estado mexicano sigue sin avanzar ni en la reparación del daño a las víctimas ni en su desinstitucionalización.

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