CDMX se vuelve pionera en capacidad jurídica: oficialmente queda reconocida la figura para garantizar inclusión de personas con discapacidad

La Ciudad de México dio un paso adelante para alcanzar la igualdad e inclusión de las personas con discapacidad. El Congreso local aprobó la reforma para que el Código Civil de la capital quede homologado con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado el 7 de junio de 2023, donde se reconoce la capacidad jurídica, o el derecho a decidir.

De esta forma, la CDMX se vuelve pionera al ser la primera entidad en ajustar su Código Civil con el código nacional. De esta forma, se robustecerá y agilizará el acceso a la justicia de manera completa y expedita, siempre en condiciones de igualdad, poniendo a la Ciudad de México como pionera en esta implementación, explicó el congresista de Morena José Octavio Rivero Villaseñor, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, explicó el propio Congreso en su sitio web.

Esto marca también la dignificación y protección de la figura de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, explicó la diputada Marisela Zúñiga Cerón.

¿Qué se logró?

“En concreto se establecen diversas medidas de apoyo y se ajusta a la idea de que nadie estará obligado a ejercer su capacidad jurídica con apoyo, lo cual es clave para hacer honor a la idea de igualdad jurídica”, explicó Carlos Ríos Espinosa, Investigador de Human Rights Watch, a Yo También.

Este avance es de gran importancia para un sector de la población que es vulnerable y cuyos derechos quedan invisibilizados y restringidos, como las personas con discapacidad, “especialmente discapacidades intelectuales, pero también psicosociales (como la depresión)”, a quienes a veces se les ignora por, supuestamente, proteger su patrimonio e integridad. “Históricamente, se han documentado cómo las reglas de restricción a la capacidad jurídica se han convertido en un pretexto para violentar sus derechos humanos”, señala Ríos Espinosa.

Pone como ejemplo los sistemas de sustitución de la voluntad, y los califica como interdicción y tutela, que en personas adultas resultan en casos de abusos y violación de derecho. “Algunas personas que son consideradas incapaces pierden su derecho a decidir dónde y con quién vivir, sobre sus relaciones íntimas, sobre cómo gastar sus recursos económicos, o sobre su sexualidad y derechos reproductivos”.

El investigador dejó claro que estos modelos “afectan desproporcionadamente a las personas con discapacidad, pero también a las personas mayores, que muchas veces son consideradas como incapaces de cuidarse a sí mismas”.

Los apoyos a considerar

Esta nueva regulación fue aprobada el 22 de agosto del 2024 y plantea diversos mecanismos para su ejercicio, planteando la posibilidad de que cualquiera pueda solicitar apoyos, incluso en los casos donde no se viva con alguna discapacidad.

Estos apoyos, de acuerdo con el artículo 445 del Código de Procedimientos Civiles y Familiares, consisten en lo siguiente:

“Todas las personas mayores de edad tienen capacidad jurídica plena. El código civil respectivo regulará las modalidades en que las personas puedan recibir apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, que son formas de apoyo que se prestan a la persona para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el apoyo en la comunicación, la comprensión de los actos jurídicos y sus consecuencias, y la manifestación de la voluntad.

Puede ser objeto de apoyo cualquier acto jurídico, incluidos aquellos para los que la ley exige la intervención personal del interesado. Nadie puede ser obligado a ejercer su capacidad jurídica mediante apoyos”

Según lo explicado por Ríos Espinosa, “con esto queda ya regulado un modelo de apoyo para la toma de decisiones, mediante el cual cualquier persona podrá requerir que se le asista para la comprensión de los actos jurídicos y de sus consecuencias, para la manifestación de su voluntad”. Estos actos realizados con apoyos serán completamente válidos y sólo podrán revocarse si se acredita que la persona designada como apoyo informó incorrectamente a la persona de manera dolosa o por negligencia, y en esos casos deberá responder por daños y perjuicios.

Un cambio en la situación

Y para quienes actualmente viven bajo tutela, existe la posibilidad de recobrar su capacidad jurídica si lo solicitan personalmente ante un juez, aunque también puede hacerlo un familiar o el propio tutor o tutora. “Se trata de un trámite que esperamos sea sencillo y no está sujeto a ninguna condición”, agrega el investigador.

La reforma se logró gracias al esfuerzo e impulso de diversas organizaciones de personas con discapacidad y de Derechos Humanos, que trabajaban en iniciativas para lograr el reconocimiento de la capacidad jurídica.

Fue así como en 2022 nació la coalición Decidir es mi Derecho, que hizo la propuesta formal de reforma acogida por el Congreso de la Unión en 2023 y que sentó las bases para que cada entidad federativa ajustara su código civil. Este colectivo hizo una propuesta formal a Marisela Zúñiga, quien entonces era presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México.

La iniciativa no se dictaminó, pero sirvió como base para que en reuniones posteriores, acompañados del Colegio de Notarios e integrantes de varias comisiones del Tribunal Superior de Justicia, llegaran a consejos sobre los contenidos esenciales para regular la capacidad jurídica.

Los grandes pendientes

Pese a esta victoria, todavía quedan algunas batallas por librar. “Nos genera preocupación algunas tendencias que observamos que asimilan las reglas de la tutela y de la interdicción con un modelo de apoyos para la toma de decisiones”, señala Carlos Ríos. “El sobreproteccionismo hacia personas consideradas frágiles, débiles o necesitadas puede dar lugar a una interpretación defectuosa de las normas que contiene la ley y que son muy claras”.

Además de eso, el investigador y activista explicó que el Instituto de Personas con Discapacidad de la Ciudad de México acompañó la propuesta cuando se presentó formalmente, el 16 de febrero de 2023, así como el Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México. Al final, ninguna de las instituciones fue convocada formalmente para aportar sus contribuciones. “Un debate más amplio hubiera sido necesario para lograr una apropiación adecuada del nuevo modelo. Eso faltó”, subraya.

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