CAED son de las únicas opciones educativas para personas con discapacidad; sobreviven sin presupuesto y sin certezas administrativas

Sandra Moreno fue diagnosticada a los 12 años con retraso intelectual leve; Esteban Hernández tiene el síndrome de Shwachman-Diamond, una enfermedad congénita caracterizada por la insuficiencia del páncreas que causa problemas óseos y de inmunodeficiencia. Ambos reciben asesorías en el Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), número 2, para prepararse para los exámenes y obtener su certificado de educación media superior. Los dos dejaron las escuelas comunes porque no recibían atención adecuada, padecían acoso escolar y, en el caso de Esteban, ha estado hospitalizado varios meses y no le permitieron justificar.

En CAED se sienten cómodos y apreciados. Sandra por primera vez, cuenta, tiene un mejor amigo en Esteban. Él afirma que si no existiera el CAED muy probablemente no tendría oportunidad de terminar su preparatoria.  

Los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad surgen en 2009 con el propósito de apoyar a estudiantes con esta condición a obtener su certificado de educación media superior (EMS). Los alumnos reciben asesorías, no hacen prueba de admisión y no existe un límite de edad ni de tiempo para terminar, pues se basa en el modelo de evaluaciones parciales. A pesar de ser en muchas ocasiones la única opción para las personas que el sistema educativo ha marginado por su discapacidad, el CAED carece de certeza administrativa y laboral, atrasos de pagos a docentes y falta de adecuaciones a las evaluaciones y materiales educativos para las personas con discapacidad.

Un grupo excluido

Si bien, el acceso y permanencia al nivel medio superior no está restringido para las personas con discapacidad es una realidad que en la mayoría de las escuelas públicas y privadas no se brinda la atención adecuada, pues faltan profesionales capacitados, materiales educativos, metodologías e instalaciones accesibles.

De acuerdo con los Indicadores de Mejoredu, en todos los todos los niveles educativos hay un alcance limitado en el porcentaje de escuelas que cuentan con instalaciones y materiales adaptados. En el ciclo escolar 2020-2021, solo el 23.6 por ciento de planteles de educación primaria tuvo infraestructura adecuada y sólo 12.3 por ciento, materiales adaptados; en secundaria, 25.1 y 13.2 por ciento, respectivamente. En educación media superior, el porcentaje de planteles con infraestructura fue de 33.3 por ciento, pero menos de 1.0% por ciento dispuso de materiales adaptados para estudiantes con algún tipo de discapacidad.

Además, los estudiantes con discapacidad sufren de manera cotidiana discriminación y acoso escolar de sus compañeros e incluso de docentes y directivos, lo cual provoca que, en ocasiones, dejen sus estudios. Para Sandra Moreno el CAED representó la oportunidad de seguir estudiando y de tener amigos. “Realmente siempre fui una persona aislada. Nunca tuve amigos pues tanto en la hora del receso como al estar en el aula siempre era rezagada, rechazada, por eso yo no tuve nunca amistades en ese tiempo. Así que cuando conocí el CAED fue cuando conocí amigos y fue agradable”, narra.

Barreras y desigualdad

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, del total de la población en el país –poco más de 126 millones–, 4.9 por ciento presenta discapacidad. De ellos el 13.8 por ciento tiene 19 años o menos, es decir, se encuentra en edad escolar. Las personas con discapacidad enfrentan barreras para acceder a la educación “relacionadas con constructos sociales que derivan en prejuicios o estigmas, y no propiamente con sus dificultades físicas, orgánicas, sensoriales o intelectuales”, señalan especialistas en el libro Discapacidad y derecho a la educación.

Esta situación genera trayectorias desiguales en niños, niñas, jóvenes y adolescentes con y sin discapacidad. En el ciclo 2020-2021, la diferencia en el porcentaje de jóvenes de 15 a 17 años –sin y con discapacidad– que tenía la secundaria terminada y podría cursar la EMS fue de 16.8 puntos porcentuales; en el primer caso alcanzó 81.6% y en el segundo, 64.8%.

La desafiliación escolar en nivel medio superior es la más alta de la educación obligatoria, pues 9.1 por ciento de estudiantes inscritos no lo concluyen. En el caso de las personas con discapacidad, la cifra asciende pues en el ciclo escolar 2020-2021 sólo el 30. 7 por ciento del total de la población con discapacidad tenían terminada la educación media superior.

Al respecto, en abril del 2022, el Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad manifestó su preocupación por la alta tasa de abandono escolar de los niños con discapacidad después de los 15 años, así como la falta de una estrategia que abarque todos los niveles del Estado mexicano para garantizar la educación inclusiva.

Martha Gabriela Galicia, docente y encargada del CAED centro Multimodal, asegura que los estudiantes que llegan a ellos comparten historias similares de acoso, poca atención a sus necesidades e incluso rechazo en instituciones de educación media superior. “Somos el único servicio para personas con discapacidad. Realmente los estudiantes con discapacidad que logran terminar un bachillerato regular son debido al esfuerzo de la familia, de los estudiantes, y en algunos casos llegan a tener la buena voluntad de directivos y docentes, pero es una minoría”.

“No hay justicia educativa para las personas con discapacidad”

“Alberto” presentó quince veces el examen del módulo de estadística antes de aprobarlo y obtener su certificado de educación media superior. A diferencia de otros estudiantes que han decidido cursar la preparatoria en modalidad no escolarizada, Alberto ha enfrentado más barreras en su trayectoria porque tiene discapacidad visual y las evaluaciones no consideran adecuaciones para la población con discapacidad.

Para realizar su evaluación requirió apoyo para leer preguntas, pues no hay exámenes del módulo en Braille, su prueba incluía gráficas, que son elementos difíciles de describir.  Además, prepararse para el examen es complicado pues los libros de texto están diseñados para un estudiante que conoce el español escrito, que ve y escucha. Lo que vuelve un verdadero reto aprobar.

“No hay justicia educativa para las personas con discapacidad”, asegura la maestra Rosalía Peña, encargada del CAED número 2. “No hay un sistema de evaluación justo para estos chicos que se enfrentan a exámenes únicos para lograr su certificado”.

El CAED nació como una modalidad no escolarizada con el Acuerdo 445, su plan de estudios es el mismo que se aplica en la preparatoria abierta, el cual consta de 22 módulos. Para obtener el certificado, los estudiantes tienen que aprobar todos los módulos mediante exámenes únicos. La maestra Rosalía considera que resulta poco apropiado brindar a los estudiantes con discapacidad este tipo de plan, además de que se les solicita que realicen exámenes que no están hechos para responder a las necesidades educativas de los estudiantes.

“Las evaluaciones por módulo no consideran la diversidad de las discapacidades, por ejemplo, los chicos sordos, explica Rosalía Peña, no saben mucho español de oyente y los libros y exámenes son totalmente en español”.

Un sistema que expulsa

Para Martha Gabriela Galicia, el sistema expulsa a los estudiantes con discapacidad, ya que, aunque hay algunas adaptaciones, pocos estudiantes pueden aprobar un examen de admisión a una institución de educación media superior. La profesora narra que muchas de las personas que llegan al CAED lo hacen con rezagos profundos, acumulados en años de poca atención. “Hay estudiantes que llegan sin leer, escribir, sumar, restar, salen de la secundaria sin estas habilidades. Y aquí no podemos hacer adecuaciones como en los Centros de Atención Múltiple (CAM) aquí tienen que hacer examen y por módulos o materias”.

Juan Antonio Rodríguez es asesor desde hace 5 años en CAED, se encarga de 7 módulos, entre ellos Lenguaje y Argumentación, Comunicaciones e Informática. Durante ese tiempo, ha conocido en profundidad los libros y exámenes de la preparatoria abierta, que son el mismo material que la Subdirección de Educación Media Superior destina para el CAED. Juan Antonio menciona que los libros fueron elaborados en 2011 y no ha sido actualizado su contenido. “Hay tirajes nuevos, pero la información es la de la primera edición; el contenido ya quedó muy rebasado”. Pero los estudiantes tienen que basarse en ellos para aprobar las evaluaciones. Además, en ocasiones las preguntas de las pruebas no coinciden con la información de los libros.

Tampoco cuentan con suficientes libros macrotipo, Braille o en escritura alternativa, lo cual es contrario a lo que se establece en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual México es firmante.

A partir de 2023, se están aplicando exámenes con tres tipos de adecuaciones, aunque no en la totalidad de módulos, así que, como menciona el maestro Juan Antonio puedes tener la mala suerte de que te toque uno sin adecuación. “A mis alumnos con discapacidad visual les mandaron el examen de TICS sin adecuación, siendo que ya había; salieron bastantes enojados”.

Juan Antonio Rodríguez colaboró en la Dirección de Sistemas Abiertos de la SEP en la elaboración de reactivos con adecuaciones para los exámenes, si bien reconoce el esfuerzo para poder atender a la población con discapacidad menciona que las pruebas no dejan de ser homogéneas, “se olvidan de la parte humana, no se puede estandarizar a la discapacidad”.

Rosalía Peña y Juan Antonio Rodríguez coinciden en que los exámenes parciales no es la mejor forma de evaluar a los estudiantes, pero administrativamente, al ser el mismo programa que la prepa abierta, es la única opción que tienen para obtener su certificado en el sistema no escolarizado.

Poca valorización docente

De acuerdo con la ficha técnica del CAED, publicada en el sitio de la Dirección General de Bachillerato, una de las ventajas de los centros es contar con asesoría académica gratuita y especializada. Los asesores tienen conocimiento de las disciplinas, pero además especializaciones como utilizar la Lengua Mexicana de Señas o el sistema Braille. Sin embargo, desde su creación no han sido reconocidos como docentes, no generan relación laboral con la SEP y sus pagos se retrasan de manera frecuente.

“El problema viene desde cómo está planteado”, asegura la maestra, Martha Gabriela Galicia. Los CAED se encuentran ubicados en planteles federales de las direcciones generales adscritas a la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), los recursos para su operación provienen de programas sociales y, al ser un subsidio, los asesores son consideradas “figuras solidarias”, que ofrecen la asesoría de manera voluntaria; a cambio se les brinda un apoyo económico.

En este sexenio, desapareció el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, que entre sus objetivos, daba atención a los CAED, y se creó el Programa Atención de Planteles Federales de Educación Media Superior con Estudiantes con Discapacidad (PAPFEMS). El objetivo de este programa fue el de dotar de infraestructura y materiales adecuados para estudiantes con discapacidad a planteles federales de educación media superior. Los apoyos económicos para los asesores estaban considerados como parte del subsidio, aunque dependía de que el plantel fuera seleccionado. En caso de que el proyecto del plantel de media superior no fuera seleccionado, no se especifica cuál institución o dirección dentro de la SEMS absorbe el gasto.

La indefinición presupuestal causa inestabilidad laboral y atraso en los pagos a los docentes que prestan sus servicios. Martha Gabriela Galicia menciona que los asesores se sienten desprotegidos porque no tienen seguridad social, no generan antigüedad y, en cualquier momento, el director del plantel o la SEMS pueden decidir que un docente se vaya.

Además, las condiciones de trabajo provocan una alta rotación de asesores, pues los docentes “regularmente jóvenes, recién egresados”, explica la maestra Rosalía, permanecen poco tiempo porque buscan ofertas de trabajo que les sean más redituables y les den mayor seguridad contractual. Lo anterior afecta la relación con los estudiantes, pues “los estudiantes se acostumbran a una forma de trabajo, construyen una relación de confianza con los maestros”.

Experiencias como la de Sandra Moreno confirman las afectaciones para los estudiantes.  “La única desventaja que le veo (al CAED) es que no les pagan a los maestros. Y, por lo tanto, hay menos maestros. Ahorita el profesor de matemáticas está saturado y a mí solamente me faltan las de matemáticas. Y ni modo, así que no puedo avanzar más”.

En 2018, durante la gestión de Otto Granados Roldán en la SEP, y tras el retraso de los pagos, los asesores de CAED se manifestaron con apoyo de los estudiantes y sus familias para hacer visible su situación. “En ese entonces nos reunimos con el subsecretario de Educación Media Superior, se realizó un diagnóstico y se acordó en que se iba a trabajar con una mejora laboral y académica, pues se iban a discutir los planes de estudio. Todo coordinado por la Dirección General de Bachillerato. Después vino el cambio de gobierno, y de ahí ya no se ha hecho nada. Siempre lo que han dicho es la parte presupuestal, que no hay presupuesto para trabajar”, relata la maestra Martha Gabriela.

Programa sin resultados

El PAPFEMS (Pp S298), programa social del Gobierno Federal dirigido a garantizar las condiciones de inclusión y equidad para estudiantes con discapacidad de Educación Media Superior, no ha brindado avances, incluso la SEP ha dejado de ejercer los recursos en la materia.

Así lo revelan los resultados presentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la segunda entrega de la revisión a la Cuenta Pública 2022, que indican que “desde su creación (2020) hasta 2022, la SEP no ejerció los recursos asignados para el otorgamiento de los subsidios, por medio del Pp S298, lo que significó que en tres años se dejó de atender a los planteles federales de educación media superior que tenían matriculados a personas con discapacidad”.

En la auditoría de desempeño 274 se informa que en 2022, “la SEP no otorgó los subsidios a los 229 planteles federales con estudiantes con discapacidad que presentaron sus proyectos institucionales para la realización de adecuaciones de infraestructura, equipamiento, material educativo y apoyos a figuras solidarias, por medio del Programa presupuestario S298, por lo que no se favoreció a la reducción de las brechas que limitan la incorporación a los servicios educativos del nivel medio superior de las personas con discapacidad, y tampoco se contribuyó a su desarrollo integral e inclusión a la sociedad”.

En las reglas de operación para el 2023, se amplió la cobertura del programa de planteles federales a cubrir planteles públicos también, lo que significa que ahora se dirige a los 12, 761 planteles públicos de educación media superiores del país, en lugar de los 1, 551 planteles de sostenimiento federal, lo cual representa un verdadero reto ya que el PAPPEMS es el único programa federal que está dirigido a planteles Públicos de Educación Media Superior con Estudiantes con Discapacidad.

El sistema no está preparado para realmente darle opciones a las personas con discapacidad, advierte la maestra Gabriela Galicia.

Tanto la Dirección General de Bachillerato como la Subsecretaría de Educación Media Superior fueron consultadas sobre este tema y se les solicitó una declaración, pero únicamente confirmaron de recibido el correo sin dar una respuesta al respecto.

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