Aumento presupuestal en educación especial no significa mejoras

Aun cuando este año la Secretaría de Educación Pública recortó casi a la mitad los fondos del Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE), para 2023 pidió y consiguió un presupuesto de 725 millones 690 mil 403 pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados.

Pese a que el incremento para el PFSEE podría verse como una buena noticia, la forma en la que la administración federal ha ejercido el gasto público en materia de educación especial obliga a revisar si los más de 700 millones de pesos se traducirán en mejoras para las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, aseguró Fernando Ruiz, director de Investigación de Mexicanos Primero.

“Esperamos que este presupuesto para educación especial no sea para lucimiento de discursos. La preocupación proviene un poco de la lógica de implementación del gasto que en los últimos dos años ha tenido recortes muy fuertes durante el transcurso del año fiscal cuando no se cumplen las expectativas de recaudación y terminan afectando los montos aprobados”,

dijo Ruiz en entrevista para Yo También.

El PFSEE fue uno de los más afectados en el ejercicio del gasto durante este año. Aunque el programa se presupuestó con 680 millones 71 mil 220 pesos, en el ejercicio tuvo un recorte de 332.5 millones de pesos, por lo que solamente quedó con una bolsa ejecutable de 347 millones 571 mil 220 pesos, indican los datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al tercer trimestre de 2022 que entrega la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión.

Sin justificación de la SEP sobre las razones del recorte, la decisión se vuelve completamente arbitraria, dijo Ruiz.

“Esto puede volver a pasar el año que viene, sobre todo cuando en el gasto se tiene una expectativa demasiado optimista para asegurar la continuidad y estabilidad de ingresos fiscales”, afirmó el investigador.

Si los 725 millones aprobados son de por sí insuficientes para las más de seis mil 400 escuelas que atienden a estudiantes con discapacidad en el país, precisó Ruiz, los recortes presupuestales ahondan el rezago educativo.

Promesas pendientes

Ruiz llamó también a recordar que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene otros pendientes en materia de educación especial.

“Una promesa de este gobierno fue el compromiso de crear una estrategia nacional de inclusión educativa que no solamente fijaba la necesidad de establecer las escuelas que estaban atendiendo a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, sino que se tenía que construir una serie de estructuras para el resto de las escuelas y que fueran habilitadas para recibir a estos estudiantes”,

mencionó.

A cuatro años de gobierno, la estrategia sigue en el aire.

“Quedó en el olvido, no tuvo correspondiente presupuesto fiscal, no hay programa que puedas ubicar en el ramo 11, que es el destinado a las escuelas. Esto nos parece una omisión muy fuerte que la SEP no está cumpliendo con las obligaciones que están en las reformas”, sentenció el especialista.

Sin que se hayan hecho las adecuaciones básicas de infraestructura para la accesibilidad en las escuelas -ante la falta de presupuesto-, ni que se hayan habilitado las escuelas de educación especial para recibir a estudiantes sin discapacidad, la educación inclusiva permanecerá solo en el papel, observó Ruiz.

“Esto implicaba que todas las escuelas de educación básica tuvieran justamente las adecuaciones en la infraestructura para la accesibilidad de estudiantes en las escuelas, pero también que las escuelas de educación especial se abrieran para estudiantes que quisieran estar en este tipo de instituciones, que nada lo impide más que las visiones limitadas que continúan viendo a las personas con discapacidad como que debe ser atendidas de forma separada al resto de los estudiantes”,

continuó el investigador.

Agregó que tampoco se ha visto un aumento de los Centros de Atención Múltiple ni en las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular, medidas que chocan con la atención de rezagos y capacidades para las personas con discapacidad.

Por Itzel Ramírez | Fotografía UNICEF